En España, la situación legal del lobo ibérico ha desencadenado una intensa controversia, llevando a expertos legales a cuestionar la constitucionalidad de la legislación vigente. Un prominente jurista ha señalado que la decisión de retirar la protección al lobo, implementada a través de una enmienda en una ley sobre desperdicio alimentario, carece de fundamento legal sólido. Esta medida, que facilita la actividad cinegética de este animal, se considera arbitraria y contraria a los principios constitucionales, así como a las recomendaciones científicas que subrayan la fragilidad de su población. La disputa ha enfrentado a diversas regiones con el gobierno central, evidenciando las complejidades en la gestión de la biodiversidad y la aplicación del derecho ambiental. La ausencia de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno subraya la tensión política en torno a este tema, que involucra tanto la conservación de la especie como los intereses de la ganadería.
El Estatus de Protección del Lobo Ibérico: Un Impasse Jurídico
El debate sobre la protección del lobo ibérico ha adquirido una dimensión legal significativa, con juristas como Pedro Brufao Curiel argumentando que su desclasificación como especie protegida a través de una enmienda parlamentaria es inconstitucional. Esta medida, introducida en la Ley de Desperdicio Alimentario, ha sido criticada por carecer de base científica y administrativa adecuada. La legislación, aprobada en 2025, ha permitido la caza de lobos en varias comunidades autónomas, a pesar de que los estudios científicos indican un estado de conservación desfavorable para la especie. La controversia radica en la interferencia del poder legislativo en una cuestión que debería ser estrictamente científica y administrativa, contraviniendo el derecho de la Unión Europea y el acceso a la tutela judicial efectiva.
La modificación del estatus de protección del lobo ha generado un conflicto entre el gobierno central y varias comunidades autónomas. La introducción de esta enmienda en una ley ajena a la conservación del lobo ha sido interpretada como una acción arbitraria por parte del Parlamento. Brufao Curiel enfatiza que el Ejecutivo, y no el Legislativo, es el órgano competente para determinar el nivel de protección de una especie, basándose en criterios científicos. La prohibición de la arbitrariedad, un principio fundamental de la Constitución española, se considera vulnerada en este caso. Además, el método legislativo empleado impide que los ciudadanos puedan recurrir la decisión ante los tribunales, limitando el derecho a la tutela judicial efectiva, lo cual es contrario a la Constitución y al Convenio de Aarhus sobre medio ambiente. A pesar de que el Defensor del Pueblo ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad, la inacción del Gobierno en este aspecto resalta la complejidad política de la situación.
Impacto de la Desprotección y Perspectivas Futuras
La decisión de desproteger al lobo ibérico ha tenido repercusiones directas en las poblaciones de la especie, permitiendo su caza para el control poblacional en regiones como Asturias, Cantabria y Castilla y León. Estas comunidades justifican la medida argumentando un aumento en el número de manadas y, consecuentemente, un incremento en los ataques al ganado. Sin embargo, los datos oficiales de 2025, que registraron 333 manadas, aún se encuentran por debajo del umbral de 500 manadas considerado necesario por la comunidad científica para asegurar la viabilidad genética de la especie. La Unión Europea, aunque rebajó el estatus de protección del lobo, concedió a los estados miembros la facultad de mantener un nivel de protección más estricto, una opción que España no ha aprovechado en su totalidad.
En este contexto, varias comunidades autónomas han denunciado al Gobierno ante la Comisión Europea, reclamando la renovación del censo de lobos y la transferencia de fondos para su gestión. El Ministerio para la Transición Ecológica ha respondido que la falta de un informe actualizado se debe a los cambios recientes en las poblaciones, atribuidos tanto a la eliminación de ejemplares por parte de algunas comunidades como a las muertes y desplazamientos causados por grandes incendios forestales. La situación se ha politizado aún más con la aprobación de una moción en el Senado, impulsada por el Grupo Parlamentario Popular, que critica la priorización de la fauna salvaje sobre los intereses de los ganaderos. Este complejo panorama subraya la necesidad de un enfoque equilibrado que combine la conservación de la biodiversidad con el desarrollo sostenible de las actividades ganaderas, siempre dentro del marco constitucional y científico.